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04/08/2010

Pasó a cuarto intermedio la Comisión de Asuntos Constitucionales

Durante la reunión del martes 3, hubo acuerdo entre todos los bloques para solicitar al Poder Judicial la remisión a la Legislatura del expediente sobre las escuchas ilegales en el ámbito del gobierno porteño. Luego de transcurridas algo más de tres horas, la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 5 de agosto a las 11:30 de la mañana.



Escuchas ilegales

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, presidida por el diputado Martín Ocampo, se reunió pasadas las cuatro de la tarde del martes 3 de agosto para tratar los distintos expedientes vinculados al procesamiento del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, en la causa judicial por escuchas ilegales en la órbita del Ejecutivo, cuestiones que tienen preferencia para debatidos por el Cuerpo en la sesión del jueves 12 de agosto.

Tras un debate que superó las tres horas, la Comisión solicitó la remisión del expediente de la causa judicial para ses estudiado por el Cuerpo. Pero no logró acuerdo sobre la conformación de una Comisión Especial Investigadora en los términos del artículo 83 de la Constitución de la Ciudad, ya que ocho diputados de distintos bloques propusieron indagar sobre la Policía Metroplitana y la causa judicial por las escuchas ilegales, mientras que los siete legisladores del oficialismo sostuvieron la necesidad de recurrir al Juicio Político.

En esta situación y pasadas las 19:15, la reunión pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 5 de agosto a las 11:30. Los diputados de la oposición también suscribieron un proyecto de declaración solicitando la presencia del Jefe de Gobierno en el recinto de sesiones.

Comisión Especial Investigadora

El diputado Diego Kravetz, presidente del Bloque Peronista, explicó la propuesta del conjunto de bloques opositores para crear una Comisión Especial con la función de "investigar la responsabilidad que les pueda caber al Jefe de Gobierno, Ministros y demás funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre todo lo concerniente a la Policía Metropolitana y su puesta en funcionamiento, sea en sus aspectos políticos, administrativos o económicos, así como los hechos investigados en la causa judicial N° 12.466/2009 (...); y de hechos conexos que, sin ser objeto de reproche penal, fueran pasibles de reproche a la luz de las normas que regulan el funcionamiento administrativo, político e institucional de la Ciudad de Buenos Aires". Esa Comisión debe tener amplias facultades para citar funcionarios y testigos y para solicitar información, documentación y peritajes al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial de la Ciudad.

Respecto a la integración, la propuesta respaldada por ocho diputados plantea que la Comisión se integre con 17 legiladores en total elegidos de la siguiente forma: 13 en representación a cada uno de los bloques y los otros 4 miembros restantes elegidos a razón de 3 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría del Cuerpo. La Comisión tendrá un plazo de 90 días hábiles para realizar el informe definitivo que contendrá recomendaciones, plazo que podrá prorrogarse por 30 días hábiles más.

De los 15 integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña, los ocho que firmaron este despacho son Julio Raffo (Proyecto Sur), Fernando Sánchez y Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), Martín Hourest (Igualdad Social), María José Lubertino Beltrán (Encuentro Popular para la Victoria), Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) y Diego Kravetz (Peronista). Los siete restantes, que sostuvieron la necesidad de recurrir al Juicio Político son el titular de la Comisión, Martín Ocampo, y Gerardo Ingaramo, Avelino Tamargo, Martín Borrelli, Alejandro García, Oscar Moscariello y Helio Rebot, todos del bloque PRO.

Por el oficialismo, el Vicepresidente I de la Legislatura, Oscar Moscariello, sostuvo que "después de la sesión especial del martes pasado (28 de julio), en la que ya se juzgó y sentenció (en referencia a la oposición), el conjunto de los diputados del PRO y el Jefe de Gobierno decidimos poner a la luz pública con el mejor mecanismo que es el Juicio Político establecido en los artículos 92 y 93 de la Constitución de la Ciudad". Además, agregó que el proceso de Juicio Político establece la conformación de "una sala acusadora integrada previamente, que establece también una comisión investigadora, con la proporción electoral y un reglamento redactado en 2006, lo que determina garantías constitucionales para oficialistas y oposición".

Finalmente, Moscariello mostró la oposición de su bloque a "cualquier otra Comisión que atente a la Constitución y a la proporcionalidad del 43% que tiene el PRO en la Legislatura, debido a que la misma se refiere a Partidos Políticos y Alianzas, y estos son 6 y no 13 como plateó el diputado Kravetz. Al PRO no le va a quedar otro remedio que utilizar todos los canales institucionales posibles, e insistimos en que el mejor instrumento es el Juicio Político".

Remisión de la causa judicial a la Legislatura

En primer término, la Comisión en conjunto acordó que la Legislatura solicitaría al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, Secretaría N° 13, remita copias certificadas de la totalidad de la actuaciones que integran el Expediente N° 12.466/09, como así también indicación detallada y precisa de los demás efectos relacionados con la causa que no integren el expedientes de mención. Dentro de las 24 horas de aprobado este proyecto, que tiene preferencia para la sesión del 12 de agosto, la Presidencia de la Legislatura deberá efectuar la presentación procesal destinada a tal fin.

Invitación al Jefe de Gobierno para dar explicaciones

Un proyecto de declaración solicitando la presencia del Jefe de Gobierno en forma voluntaria en el recinto de sesiones para el día 24 de agosto a las 15:00 a fin de que conteste sobre los hechos de la causa judicial en cuestión así como sobre lo concerniente a la Policía Metropolitana y su puesta en funcionamiento, fue firmado también por los diputados y diputadas de los bloques no oficialistas.

El PRO se manifestó contrario al proyecto y argumentó entre otros puntos que el Jefe de Gobierno podrá venir -como, según señaló el diputado Martín Borrelli, él mismo manifestó que quería hacer- a la instancia investigadora que se conforme, como primer testigo. También sostuvieron que la Legislatura debería utilizar los mecanismos previstos en la Constitución para convocar al funcionario.

Amplia presencia de legisladores

Junto a los legisladores antes mencionados, también estuvieron presentes: por el PRO Fernando De Andreis, Jorge Garayalde, Alejandro García, Alvaro González, Raquel Herrero, Gerardo Ingaramo, Diana Martínez Barrios, Carmen Polledo, Helio Rebot, Cristian Ritondo, Lidia Saya y Carolina Stanley; por la Coalición Cívica Juan Pablo Arenaza, Diana Maffía y Adriana Montes; por Unión Federal Daniel Amoroso; por Diálogo por Buenos Aires: Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo; por Proyecto Sur Fabio Basteiro, Delia Bisutti, Rafael Gentili, María América González y Jorge Selser; por Encuentro Popular para la Victoria Juan Cabandié, Gabriela Alegre y Francisco Nenna; por Nuevo Encuentro Gonzalo Ruanova; por el Socialismo Julián D´Angelo; por MST-Nueva Izquierda Marcelo Parrilli; por el Bloque Peronista Claudio Palmeyro y Silvina Pedreira; y por la UCR Claudio Presman.

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