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La Legislatura transfirió al Instituto de la Vivienda de la Ciudad -IVC- una serie de 194 inmuebles, actualmente patrimonio estatal porteño, provenientes de expropiaciones realizadas con el fin de la construcción de autopistas que no fueron realizadas.

Se trata de casas que se encuentran habitadas legalmente por ocupantes que recibieron el permiso de uso como vivienda única con el objetivo de brindarles una solución habitacional.

l texto de la ley fue consensuado y resultó aprobado con 47 votos positivos y la abstención de la diputada Rocío Sánchez Andía. En tanto, el debate fue presenciado por familias beneficiarias que celebraron la sanción.
La norma, cuyos autores son el Vicepresidente I de la Legislatura, Cristian Ritondo y la legisladora Karina Spalla, establece que el IVC deberá brindar una solución habitacional definitiva a sus ocupantes legítimos, transfiriéndoles el dominio.

Con ello se implementa, a una escala mayor, una política que ya fue adoptada por la Legislatura de la Ciudad en otras oportunidades. Tras la votación favorable, Spalla agradeció al Cuerpo su acompañamiento y aseguró que "el proyecto surgió a partir de la inquietud planteada por tres familias y se perfeccionó con la colaboración de la Dirección de Bienes Inmuebles del Poder Ejecutivo".

En la década del 70, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ideó el plan de autopistas urbanas, que contemplaba la construcción de una red de nueve trazados que atravesarían la Ciudad para lo que se dispuso la expropiación de los inmuebles que se encontraban afectados por las trazas proyectadas.

De las obras planificadas sólo se ejecutaron dos: la AU1 25 de Mayo y la AU6 Perito Moreno y los inmuebles cuyas expropiaciones estaban ya perfeccionadas pasaron a integrar el patrimonio estatal.

Para contribuir a la solución de la problemática habitacional porteña, y en su carácter de administrador de los bienes de la Ciudad, el Poder Ejecutivo ha venido otorgando, respecto de los inmuebles referidos anteriormente, permisos de uso precario, onerosos o gratuitos, a diferentes familias que no se encuentran en condiciones de acceder a una vivienda digna sin algún tipo de asistencia por parte del Estado.

La Comisión de Planeamiento Urbano debatió el expediente y aconsejó su aprobación y entre los considerandos del despacho se destacó "que la iniciativa contribuirá significativamente a solucionar el déficit habitacional de la Ciudad, y mejorará en forma directa e inmediata la calidad de vida de muchos de sus vecinos y tenderá a una administración más racional y eficiente de los recursos públicos".

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