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La Legislatura porteña manifestó "su profunda preocupación por la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación ya que la misma vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos modificando las relaciones privadas de todos los argentinos, alterando el proceso de formación de las leyes, sin respetar la representación que ostentan los senadores y diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyendo un atropello a las garantías constitucionales".

El proyecto de declaración planteado como alteración al Orden del Día cuando se había agotado el temario de la sesión ordinaria de este jueves, fue presentado por el legislador Maximiliano Ferraro argumentando que "la sanción de una norma de tal envergadura debiera haber sido el resultado de una discusión parlamentaria que fundamentalmente respete las normas constitucionales que regulan el tratamiento de una ley". Además dijo que "el trámite fue absolutamente ilegal porque violó el principio de formación y sanción de las leyes ya que no fue girado a las comisiones asesoras permanentes sino que fue directamente enviado a la Comisión de Labor Parlamentaria, que carece de facultades para dictaminar sobre cualquier asunto". Y recordó que "asimismo, el proyecto con media sanción del Senado carecía de de spacho de comisión porque el dictamen caducó de acuerdo con los plazos determinados en los reglamentos de la Cámara, atento a que el 10 de diciembre de 2013 se renovaron los senadores que la conforman".

"Cabe resaltar que el proyecto fue remitido por el Presidente y la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que agrava la inconstitucionalidad del acto ante la violación de la división de poderes y el control de constitucionalidad que además de tener que ejercerlo el propio Congreso de la Nación es obligación ineludible de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (...) En consecuencia y ante los hechos acontecidos nos encontramos ante una violación de los artículos 16; 75 inc. 12, 77, 78, 79,82 y concordantes de la Constitución Nacional", enfatizó el Vicepresidente Tercero de la Legislatura porteña.

Tras diversas exposiciones sobre el asunto la declaración se aprobó con 37 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones. La presentación del proyecto generó un extenso debate donde se revelaron posiciones a favor y otras contrarias, en particular del interbloque que encabeza el Frente para la Victoria argumentando que la votación y el debate se dieron ayer donde debía tener lugar. Además, resaltaron los avances de la reforma del Código Civil en relación a la adopción y al divorcio express, entre otros. En su intervención el diputado Gabriel Fuks manifestó que es una "vergüenza" que se haya trasladado la controversia al Recinto de Sesiones de la Legislatura porteña. Otros legisladores como Aníbal Ibarra, Juan Pablo Arenaza y Claudia Neira se mo straron en contra del debate teniendo en cuenta que el parlamento de la Ciudad no es el ámbito indicado para discutir un tema que ya fue votado y decidido en el Congreso Nacional.

Por su parte los diputados Alejandro Bodart, Marcelo Ramal y Pablo Bergel defendieron la declaración sosteniendo en general en la víspera se votó un código que "vulnera derechos laborales, ambientales y de las mujeres, y además coarta diferentes libertades e intenta satisfacer a la iglesia católica".

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